Luchar contra la pobreza

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Autor: Manuel Vigo viceconsejero de Inserción Social y de Familia y miembro de la Ejecutiva Nacional.

Las políticas contra la pobreza y la exclusión social en la CAPV aspiran a construir una sociedad más justa, más solidaria, más integradora y más libre en la que el reconocimiento de los derechos sociales de ciudadanía sea una de las señas de identidad de nuestra acción política. Debemos ser capaces de garantizar los recursos necesarios a todos los ciudadanos y a todas las ciudadanas para que puedan desarrollar una vida digna y autónoma. El presupuesto que el Gobierno vasco destina a gastos de protección social responde a criterios de racionalidad, justicia distributiva y es garantía de que seguimos construyendo modelos institucionales y universales de bienestar y protección social para todos y todas. Los datos que arrojaba en 2004 la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales permitían concluir que en Euskadi están siendo contenidas las tasas de pobreza, como lo demostraba el descenso de los diferentes indicadores, tanto el de hogares como el relativo a población. Y esto es el resultado de una política pública contra la pobreza que ha recibido un renovado impulso en los últimos años.

Como datos que reflejan nuestro fuerte empeño por hacer frente a la pobreza y a la exclusión social grave, podemos citar que en 2001 el presupuesto para la Renta Básica era de 70,4 millones de euros; en 2007 será de 179 millones de euros. En cuanto a las AES, en 2001 la partida era de 19,2 millones de euros y para 2006 ha sido de 35 millones, cifra que se incrementará en 1,5 millones en 2007. Este aumento presupuestario está vinculado directamente a la mejora de la Renta Básica y a la ampliación de las AES. A este capítulo de prestaciones hay que añadir los programas de activación para el empleo dirigidos a los perceptores de Rentas Básicas: Programa Auzolan, Empresas de Inserción, etc, a las que acceden más de mil perceptores anualmente.

Referente a la cuantía de la nómina mensual para un hogar con un solo miembro ha pasado de los 435,17 euros/mes en 2004, a los 579,01 en 2006 y la previsión de 585,82 para 2007. Estas cantidades está previsto que en 2007 sean el 88% del SMI para unidades convivenciales de un solo miembro y que lleguen hasta el 125% en el caso de hogares con 4 o más miembros. En cuanto a la aportación complementaria de las AES, en la mayoría de los casos se destina a subvencionar gastos relacionados con la vivienda. Así pues, tomando como referencia un hogar de un solo miembro que perciba Renta Básica y AES, estaríamos hablando, en el mejor de los casos, de una percepción total del 131,37% del SMI. Si la referencia es de cuatro miembros el total supondría el 169,37% del SMI.

Hablando del gasto en lucha contra la exclusión, se ha afirmado recientemente que la CAPV está a la cola de los países de la UE de los 15. Podemos constatar, desde el rigor, que esto no es cierto.

En realidad, Euskadi superaba ya en 2003 el gasto medio europeo en la materia, medido en unidades de paridad de compra por habitante. En relación al PIB, el gasto en exclusión social en el año 2003, ascendía al 0,39% en la UE -y no al 4% como se afirma erróneamente en el informe del CES- y en la CAPV llegaba al 0,38% del PIB, situación superada en el 2004, donde tenemos que hablar de un gasto del 0,45% del PIB en la CAPV, frente al 0,39% de la UE y al 0,19% del Estado español. Por lo tanto, no existe ningún dato ni indicador que sustente la afirmación de que estamos en la cola en la lucha contra la exclusión. Muy al contrario, habría que concluir que la convergencia con la UE en esta materia de protección social se ha logrado y superado en la CAPV.

Pero dicho esto, y en lo referente al indicador de bajos ingresos o ausencia de bienestar (60% de la renta mediana), intentar, como algunos agentes pretenden, superar los niveles de pobreza relativa con la Renta Básica, sería un objetivo no pertinente, y estaríamos utilizando un procedimiento para asistencializar, que no mejorar, los derechos sociales básicos de los trabajadores y pensionistas, convirtiendo en residual lo que son derechos subjetivos universales. No se puede atribuir a la Renta Básica la función de compensar las carencias graves de los sistemas generales de protección social. En consecuencia, sería necesario centrar las reivindicaciones en la calidad del salario de trabajo, en las rentas de los pensionistas y en las prestaciones de desempleo. Este posicionamiento situaría el debate dentro del ámbito que le corresponde, evitando la asistencialización y degradación de los sistemas de protección y de bienestar social, propios de modelos neoliberales. Son las rentas de trabajo y los subsidios de la Seguridad Social los que deben superar el umbral de pobreza, siguiendo las recomendaciones de la UE.

Como conclusión podemos decir que hoy nos gastamos en protección social más dinero -no sólo en términos absolutos, también en términos relativos- que el que nos gastábamos hace cinco años; y que hoy en nuestro país hay menos pobreza que la que existía hace cinco años. Junto a esta realidad existe otra de la que igualmente somos conscientes: según la última Encuesta de Pobreza y Desigualdades Sociales, todavía alrededor de cuatro mil hogares en nuestra Comunidad padecen una situación de extrema pobreza, ya que carecen de recursos suficientes para cubrir sus necesidades básicas y no cuentan con un patrimonio con el que suplir esta carencia.

Esta realidad señalada anteriormente nos obliga a seguir trabajando. En este sentido, el II Plan de Inserción recogerá más de sesenta actuaciones para garantizar la calidad de vida de los pensionistas con rentas bajas; para proteger cualquier situación de necesidad; y promoverá medidas importantes en los sectores con más alto riesgo de pobreza, como son las familias monoparentales, los jóvenes o las personas inmigrantes. Además se diseñarán itinerarios de inserción laboral a los perceptores con posibilidad de inclusión en el mercado de trabajo cumpliendo así con el objetivo de nuestro modelo de inserción que no es otro que posibilitar la igualdad de oportunidades.

Podríamos ser más eficaces si dispusiéramos de todos los resortes que nos proporcionaría la asunción de competencias tan vitales como las políticas globales de empleo y de seguridad social; porque hemos demostrado que donde tenemos competencia y, por lo tanto, podemos gastar, gastamos más y mejor. En este sentido, recordar un dato que en muchas ocasiones no se tiene en cuenta cuando se habla de gasto social y es que el Gobierno vasco gasta en materias no transferidas de empleo mucho dinero. En 2007 ascenderá a 62 millones de euros.

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